​ℹ️⭕️En un contexto de creciente tensión por el dominio de los recursos mineros, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, envió un mensaje contundente respecto al planteo de límites territoriales impulsado por la provincia de La Rioja. El mandatario aseguró que su gestión no cederá ante pretensiones que carezcan de sustento jurídico y que la defensa del patrimonio provincial se mantendrá bajo el estricto cumplimiento de la normativa nacional.

​Un marco legal de medio siglo

​El eje del conflicto radica en la jurisdicción del Proyecto Vicuña, un yacimiento estratégico cuyo control es reclamado por la vecina provincia. Ante esto, Orrego fue categórico al recordar que los límites entre ambas jurisdicciones no son producto de la arbitrariedad, sino de una legislación consolidada.

​"El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida", enfatizó el gobernador.

​La Constitución como escudo

​El mandatario sanjuanino respaldó su postura en el artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual establece el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio. En este sentido, descartó de plano cualquier posibilidad de coparticipar beneficios que corresponden exclusivamente a la provincia.

​Defensa territorial: "Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos", sentenció.

​Regalías mineras: Orrego aclaró que no existe norma alguna en el país que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra.

​Vía institucional: El gobernador llamó a dejar de lado la dialéctica mediática para enfocarse en los canales legales, advirtiendo que "las provincias no se corren con declaraciones".

​Respeto y firmeza

​Si bien Orrego destacó que San Juan se caracteriza por ser una provincia de diálogo y que mantiene el mayor respeto por La Rioja, marcó un límite claro frente a debates que considera carentes de base jurídica. Con la premisa de defender a la provincia "con la ley en la mano", el Gobierno de San Juan busca blindar la seguridad jurídica de sus proyectos mineros frente a cualquier avance externo.